Líneas ICO COVID-19: Claves legales, reclamaciones y sentencias recientes

Introducción

Durante la pandemia de COVID-19, el Gobierno español impulsó un ambicioso programa de avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el objetivo de garantizar liquidez a empresas, especialmente pymes y autónomos. En total, se movilizaron más de 140.000 millones de euros, con el ICO asumiendo hasta el 80% del riesgo en caso de impago.

Hoy, varios años después de su implementación, muchas empresas y autónomos enfrentan serias dificultades para cumplir con sus obligaciones de pago, lo que ha llevado a un incremento en las reclamaciones judiciales. Pero, ¿cuáles son las principales controversias que están resolviendo los tribunales y qué argumentos pueden esgrimir las empresas y fiadores afectados?

I. ¿Cómo funcionan los avales ICO?

Es importante aclarar que las líneas ICO no fueron ayudas directas ni condonaciones de deuda. Se trataba de garantías estatales que facilitaban el acceso a financiación, pero que no eximían a los prestatarios de su responsabilidad de pago.

Las entidades bancarias, al contar con el aval del ICO, otorgaban créditos con mayor facilidad. Sin embargo, en caso de impago, podían reclamar tanto a la empresa o autónomo como al ICO, lo que ha generado una oleada de litigios en los últimos meses.

II. Las reclamaciones más frecuentes de los bancos

Ante los impagos, los bancos están recurriendo a diversas vías legales, entre las que destacan:

• Procedimientos monitorios: Trámites rápidos para reclamar deudas claras y exigibles.

• Resoluciones contractuales por incumplimiento: Acciones judiciales derivadas del incumplimiento de las condiciones del préstamo.

III. ¿Cómo se defienden las empresas y los fiadores?

Las empresas, autónomos y sus avalistas han presentado distintas estrategias de defensa, con desigual resultado en los tribunales:

1. Pluspetición: Alegan que los bancos deberían reclamar primero al ICO antes de dirigirse contra ellos. No obstante, los tribunales han rechazado mayoritariamente este argumento, sosteniendo que el aval del ICO no exime la responsabilidad del prestatario.

2. Nulidad de cláusulas abusivas: Algunos intentan impugnar cláusulas del contrato por abusividad, pero los jueces han determinado que, al tratarse de contratos mercantiles, no se aplican las normas de protección al consumidor.

3. Vicio en el consentimiento: Se alega que los deudores no fueron informados adecuadamente sobre la extensión de su responsabilidad, creyendo erróneamente que solo responderían por el 20% de la deuda. Aunque algunos juzgados han admitido este argumento, en general, los tribunales exigen pruebas contundentes.

IV. Criterios judiciales recientes

Las resoluciones judiciales mayoritarias han sido favorables a las entidades bancarias, estableciendo que:

• No es necesario ejecutar primero el aval del ICO antes de reclamar a los prestatarios.

• Los autónomos y empresarios no son considerados consumidores, por lo que no pueden beneficiarse de esa protección legal.

• En algunos casos, se han limitado las responsabilidades de los fiadores cuando se prueba que no fueron debidamente informados sobre los riesgos del aval.

Ejemplos de sentencias relevantes:

1. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 29 de Barcelona (Sentencia 236/2023, de 2 de octubre)

   • Declaró la nulidad de la cláusula de aval personal, considerando que el avalista no fue informado adecuadamente sobre su responsabilidad.

   • Se limitó la obligación del fiador al 20% del crédito concedido.

2. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Lleida (Sentencia 402/2024, de 9 de mayo)

   • Determinó que hubo error en el consentimiento del avalista por falta de información clara sobre su responsabilidad.

   • Obligó al banco a reconocer que el fiador solo respondía por el 20% del préstamo.

3. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Betanzos (Sentencia 206/2024, de 31 de julio)

   • Declaró la nulidad del aval personal en un préstamo ICO debido a la falta de transparencia en la información proporcionada por la entidad bancaria.

V. Conclusión. ¿Qué deben hacer empresas y autónomos?

Si bien la mayoría de las resoluciones han sido favorables a los bancos, existen situaciones en las que los tribunales han dado la razón a los prestatarios, especialmente cuando:

• El fiador es ajeno a la empresa y puede ser considerado consumidor.

• La información proporcionada por el banco fue insuficiente o confusa, afectando el consentimiento del avalista.

Por ello, si te encuentras en una situación similar, es fundamental contar con asesoramiento jurídico especializado para analizar tu caso y definir una estrategia de defensa adecuada.

Las líneas ICO fueron una herramienta clave para sostener la economía durante la crisis del COVID-19, pero sus efectos a largo plazo siguen generando controversias en los tribunales. En LBO Legal, estamos preparados para asesorar a empresas y autónomos en la defensa de sus intereses frente a estas reclamaciones.

Daniel Ramos
Socio de LBO Legal